FUENTE: autonomosenruta.com
El Gobierno sopesa incrementar los impuestos al diésel para igualar su coste al de la gasolina. La medida que baraja el Ejecutivo de Sánchez fue anticipada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el pleno del pasado miércoles en el Congreso al señalar que su departamento estudia una «fiscalidad medioambiental» que, en línea de las propuestas que se realizan desde la Comisión Europea, buscaría evitar «comportamientos agresivos con el medio ambiente». La medida estrella de este tipo de fiscalidad es elevar el impuesto especial que grava el gasóleo hasta igualarlo con el de la gasolina, lo que, en principio, acabará con la brecha de precio entre ambos combustibles (actualmente, llenar el depósito de un coche diésel en Zaragoza cuesta unos 5 euros menos que uno de gasolina).
Según dicha propuesta, el incremento en el impuesto que grava el gasóleo sería de hasta 9’55 céntimos por litro, a los que habría que sumar los hasta 4’8 céntimos por litro de subida, tanto para la gasolina como para el gasóleo, que entrarán en vigor el próximo 1 de Enero, como consecuencia de la previsión contenida en la Ley de Presupuestos que se tramita en el Parlamento, y que prevé una equiparación del impuesto autonómico sobre los carburantes en su nivel máximo. Esta subida en el tramo autonómico del impuesto afectará especialmente a los ciudadanos y empresas en las Comunidades Autónomas de Castilla-León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid, Aragón y Extremadura, que verán incrementada de forma importante la fiscalidad de los carburantes repostados en dichas regiones.
Esta medida, que fue adelantada por el diario Expansión, proporcionaría una recaudación adicional de 2.140 millones si se pasase de una vez de los 30,70 céntimos por litro actual de impuesto del gasóleo de automoción a los 40,25 céntimos por litro con los que se grava la gasolina, pero aplicada de forma escalonada permite obtener al año una cifra aproximada de 600 millones. Pese a ello, el cambio impositivo que baraja el Gobierno no afectaría al gasóleo bonificado para transportistas y agricultores.
«Estamos trabajando en una fiscalidad medioambiental a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica. En ese tipo de fiscalidad no se busca tanto una capacidad recaudatoria, sino que las empresas eviten comportamientos agresivos con el medio ambiente», dijo Montero. «Hace apenas 20 días que estamos en el Gobierno y estamos revisando el conjunto de fiscalidad para adaptarla al siglo XXI», añadió.
La reacción del sector no se ha hecho esperar y desde algunas  organizaciones, como  la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) han afirmado estar hartos  “de que desde el Gobierne se planteen, de forma periódica, la puesta en marcha de nuevos impuestos que afectan a la actividad del transporte de mercancías por carretera y que sin duda también repercutirían de forma negativa en el conjunto de la economía española”.
“En nuestra opinión-aclara el comunicado- es difícil de entender por qué el Gobierno se empeña en poner en marcha políticas fiscales que se ceban sobre un sector de actividad, como es el del transporte de mercancías por carretera que, no solo es un importante generador de riqueza y empleo, sino que además juega un papel estratégico como engranaje para el correcto funcionamiento de la industria, el turismo y el comercio, por citar solamente aquellos ejemplos con mayor peso en el PIB español”.
Desde Fenadismer han centrado sus  críticas en que tal medida “repercutiría muy negativamente en las exportaciones españolas, teniendo en cuenta que el destino principal de las mercancías españolas son los países de la Unión Europea (66’3% del total), las cuales son transportadas principalmente por carretera”.  De igual manera, señalan, “debe tenerse en cuenta que cualquier aumento en el precio final del carburante repercute de forma importante en el valor final de los productos españoles destinados a la exportación”.