Fuente: transporteprofesional.es

La Dirección General de Tráfico ha presentado el borrador de resolución por el que se regulan las restricciones anuales a la circulación de camiones. La novedad de este año no ha gustado a los integrantes de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que obliga a trasladar a 250 kilómetros de la frontera de Irún, la restricción del paso a camiones los domigos por la tarde, es decir, a la altura de Burgos.

La incorporación de una nueva restricción a los camiones de más de 7,5 toneladas, que no podrán circular hacia el País Vasco y la frontera de Irún, entre las 16:00 y las 21:00 horas, los domingos y festivos comprendidos entre el 3 de julio y el 13 de septiembre, así como durante determinadas operaciones salida a lo largo del año, ha vuelto a poner en tela de juicio la idoneidad de estas medidas, que afectan de forma notable el transporte de mercancías por carretera.

A raíz de esta prohibición, se obligaría a los camiones a parar a la altura de Burgos, a más de 250 kilómetros de distancia de la frontera francesa.

«Un auténtico disparate»
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) considera que esta propuesta de la DGT «es un auténtico disparate, ya que cambiar el lugar de embolsamiento de los camiones a otro con infraestructuras similares pero más lejano a los destinos europeos de las mercancías que transportamos no contribuirían en nada a la seguridad vial y sólo serviría para perjudicar de forma considerable la competitividad de toda la economía española, al dificultar y encarecer nuestras exportaciones de forma innecesaria, lo que, sin duda, es algo que no podemos permitirnos».

Tanto desde la CETM como desde el resto de organizaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), ya se ha trasladado «el rechazo absoluto que nos genera esta propuesta sin sentido ni justificación a la DGT, y confiamos en que los sólidos argumentos que justifican nuestra repulsa sirvan para que esta propuesta sea retirada antes de que pueda provocar daños irreparables, tanto a nuestro tejido empresarial en particular como a la sociedad española en general».