FUENTE: TRANSPORTEPROFESIONAL.ES
El Defensor del Pueblo Vasco ha exigido a la Diputación de Guipúzcoa que modifique los procedimientos de gestión y cobro del peaje de la N-I y la A-15 «por no ajustarse a la legalidad vigente». Este organismo considera que el procedimiento sancionador y de apremio que aplica la Diputación de Guipúzcoa para exigir el cobro de peaje incumple la legalidad vigente, lo que obliga a su modificación.
El sistema de cobro del peaje sobre la N-I y la A-15 que puso en marcha la Diputación de Guipúzcoa, en enero de 2018, y que sigue en vigor (pese a ser declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco), ha ocasionando errores y abusos a los transportistas, pese a que su sistema de gestión fue calificado de «pionero» por la Diputación de Guipúzcoa, al estar basado en unos pórticos de control situados en la carretera, con el fin de que los vehículos no tengan que detenerse para hacer el pago.
Sin embargo, en los primeros meses de su entrada en vigor, se produjeron varios casos de cobros indebidos a categorías de vehículos no sujetos al pago del peaje (caso de camiones y furgonetas de masa máxima autorizada inferior a 3,5 toneladas, o camiones de menos de 12 toneladas que, pese a estar sujeto a cobro de peaje, su tarifa de peaje es inferior a la de los camiones de tonelaje superior).
También ha sido calificada de «abusiva» la actuación que ha llevado a cabo la empresa pública concesionaria del peaje Bidegi, dependiende de la propia Diputación, en los procedimientos de notificación de deudas por presuntos impagos de peajes al paso de los camiones por los pórticos colocados en las mencionadas vías. En las notificaciones de impago que Bidegi remitía a los transportistas, se limitaba a comunicar la posible existencia de un impago de peaje, sin especificar ningún dato que permitiera identificar la deuda por parte de los transportistas, al no incluir ninguna referencia a la carretera por la que presuntamente transitó, ni fecha ni hora del presunto cobro, ni el pórtico del peaje atravesado, ni el importe reclamado.
Procedimiento anómalo de cobro
Para poder obtener toda esa información y poder comprobar si el transportista circuló o no por esa vía y si su dispositivo de pago de peajes no abonó el correspondiente peaje, la concesionaria obligaba a los transportistas a registrarse en la página web de Bidegi y a dar, tanto sus datos personales como los de una tarjeta bancaria, para poder cobrar la presunta deuda.
Por lo que se refiere al procedimiento establecido por la Diputación de Guipúzcoa para sancionar y cobrar por vía de apremio los presuntos impagos del peaje, el Defensor del Pueblo Vasco considera que «vulneran la legalidad vigente, al mezclar ambos procedimientos», por lo que deberían tramitarse de manera independiente, de conformidad con las formalidades y trámites previstos en la Norma Foral, recomendando modificar los procedimientos establecidos.
El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) está a la espera de que se dicte sentencia contra la nueva Norma Foral que sustituya la anterior, declarada ilegal por la justicia, y que ha permitido de forma transitoria mantener la exigencia del peaje hasta que los Tribunales resuelvan de manera definitiva.